Los agricultores muestran su descontento ante el aumento de los costes de producción, la reforma de la PAC y la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Los problemas de rentabilidad llevaron a las principales organizaciones agrarias a acabar 2021 retomando las movilizaciones que comenzaron a principios de 2020 por unos precios dignos en el campo y que tuvieron que ser interrumpidas durante la pandemia.

Con la reactivación de la demanda se han encarecido los suministros a nivel mundial y España no ha sido una excepción, con un incremento del 13% anual de los costes de los insumos agrarios en 2021, hasta un nivel récord de 26.875 millones de euros, sobre todo por las subidas en piensos, energía y fertilizantes.

Rentabilidad en juego.

En la práctica, el presidente de la organización Asaja, Pedro Barato, lamenta, en declaraciones a Efeagro, que los productores sigan “sin poder repercutir” en los precios los costes “desorbitados” de los insumos y pide que se desarrolle finalmente la normativa que permita al regadío ahorrar energía con la doble tarifa eléctrica, más fondos de recuperación y más ayudas en maquinaria agrícola.

En su repaso de 2021, Barato se muestra a favor de que se haya consolidado el régimen de módulos del sector agrario, pero critica la subida del salario mínimo, la prohibición de la caza del lobo, el etiquetado Nutriscore y el alza de impuestos a las bebidas azucaradas.

El secretario general de COAG, Miguel Padilla, cree que ha sido un año “muy difícil, malo e injusto” para los agricultores porque, si en un principio se valoró su esfuerzo por proveer alimentos durante la pandemia, después “no se ha compensado” y han acabado “con cierto agobio” por los mayores costes.

El sector pone sus esperanzas en la aplicación de la ley de la cadena alimentaria, que en 2020 se modificó para responder a las reivindicaciones de los productores y en 2021 fue otra vez reformada para adaptarla a la directiva contra prácticas comerciales desleales.

La venta a pérdidas quedó así prohibida en toda la cadena y los contratos, entre otras medidas que la mayoría de los grupos parlamentarios ve insuficientes.

“No es la solución definitiva, pero sí un avance muy importante”, apunta Padilla, que reclama un control más activo por parte de las comunidades autónomas.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, califica de “hito histórico” la ley de la cadena en un 2021 que “podía haber sido muy positivo para los agricultores después de muchos años malos y que al final se ha perdido por el aumento tremendo de los costes de producción en los últimos seis meses”.

En sectores como el vino, la fruta o el aceite de oliva, la producción ha sido menor y, en el resto, las cosechas han sido por lo general “buenas o normales”, sin precios “excesivamente bajos”, según Ramos.

El coordinador estatal de Unión de Uniones, José Manuel de las Heras, recuerda los daños en agricultura causados por la erupción volcánica en La Palma y por la tormenta Filomena en la península, con “pocos apoyos” de las administraciones y un seguro agrario que “no ha respondido como debiera”.

Mirada hacia afuera.

Entre tantos obstáculos, el sector agroalimentario ha seguido mostrando su músculo exportador, con un aumento de las ventas del 10% anual en los diez primeros meses, hasta 46.406,8 millones de euros.

Su contribución positiva a la balanza comercial del país está fuera de duda, con más del 50% de su producción comercializada en el exterior, principalmente en otros países europeos, incluido el Reino Unido en su primer año fuera de la Unión Europea (UE).

Las cooperativas, muchas de ellas exportadoras, se han topado con la dificultad de encontrar fletes y con más costes logísticos, aparte del de las materias primas, explica el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Ángel Villafranca.

Asegura que en el primer semestre sufrieron con las restricciones a la hostelería y esta luego funcionó bien, sobre todo para quesos, carnes, vino y otros productos “gourmet”.

El 2021 también fue el año de la aprobación final de la reforma PAC, que entrará en vigor en 2023 e introduce mayores requisitos ambientales.

Como en el resto de la UE, España, que recibirá 47.724 millones de euros hasta 2027, ha elaborado un plan nacional de aplicación de las nuevas normas, tras meses de negociaciones entre el Gobierno, las comunidades y el sector.

Los agricultores no se cansan de exigir las mismas condiciones de trato para las importaciones de terceros países, incluidos aquellos con los que la UE tiene firmados acuerdos de libre comercio (el de Mercosur sigue pendiente de ratificación).

El sector ha podido respirar, eso sí, con la suspensión por cinco años de los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos agroalimentarios europeos, gracias al acuerdo que pone fin al conflicto por los subsidios a Boeing y Airbus.

Además, Washington ha aceptado un dictamen de la Organización Mundial del Comercio contra los aranceles estadounidenses a la aceituna negra española, en otro litigio que España aspira a cerrar lo antes posible mientras retoma la promoción exterior de sus alimentos y bebidas en busca de la ansiada recuperación.