El campo español en pie de guerra

Artículo de opinión de Jose Antonio García, Director de AILIMPO (Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo)

FUENTE: Revista Mercados

Miles de agricultores y ganaderos de todos los sectores salen a la calle y se manifiestan en España reclamando soluciones a algunos problemas endémicos del sector que amenazan su rentabilidad y viabilidad empresarial. El fuerte incremento de costes de producción en los últimos meses en el último episodio que agita la paciencia y sobre todo los recursos financieros de los agricultores. El sector agrario ha desarrollado un esfuerzo titánico durante la pandemia del COVID-19 funcionando como sector esencial y garantizando la alimentación y el suministro a toda la población. Sin embargo, se encuentra sometido a una doble presión: primero el aumento de costes y el entorno inflacionista. Sin duda, el generalizado incremento de costes, y en particular el debido a la desmesurada subida del precio de la energía eléctrica, sumado al de combustibles como el diésel, así́ como el de otros insumos necesarios para el normal desarrollo de la actividad (fertilizantes), tiene como consecuencia la pérdida de competitividad.

Pero la presión se siente también por el lado de la demanda percibiendo precios de venta muy bajos. El resultado es el “efecto sándwich“ que pone en una situación límite al conjunto del sector, empezando por el eslabón tradicionalmente más débil de la cadena de suministro que es el productor. El sector agroalimentario español es complejo y sobre todo muy variado, con multitud de productos y particularidades sectoriales. Pero ningún producto está libre de esta situación, y tampoco los cítricos. Esa es la razón por la que el clamor agrícola y ganadero es general.

Salir de esta situación no es fácil, no hay una receta o solución mágica. Pero sí se han identificado algunas medidas que sería necesario adoptar. Algunas son competencia del Gobierno de España, y otras son responsabilidad de las autoridades de la UE. A modo de ejemplo, un abanico de propuestas pasan por la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, el adecuado control de las importaciones de productos agrarios de terceros países, la ejecución de un plan de choque ante el incremento de costes de producción, el diseño de una política fiscal de discriminación positiva con la agricultura, la reducción de tarifas eléctricas en el sector agrario, o más financiación y compromiso de apoyo a los seguros agrarios.

La política agraria de la UE debe tener como objetivo una agricultura sostenible y rentable, y es muy importante la conexión de esta política son la sociedad civil, con los consumidores. No solo por el efecto medioambiental de la agricultura como elemento fijador de CO2 o su valor paisajístico.

También por ser una actividad que nos da alimento, y la alimentación además de permitirnos vivir es parte de la cultura y el patrimonio de una sociedad.

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